MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El 75% de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), vehículos societarios de inversión colectiva, ya ha declarado que se liquidará tras la reforma de su régimen fiscal.
Así lo ha señalado el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para presentar el informe anual de 2021 del supervisor, así como la actividad de los mercados financieros durante el pasado ejercicio.
Esta situación es consecuencia de la entrada en vigor el 1 de enero de este año de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que establece nuevas condiciones para que las sicav sigan tributando al 1% en el impuesto de sociedades, como que cada uno de sus al menos 100 socios alcancen una inversión mínima de 2.500 euros. De no cumplir este requisito, tendrán que tributar por un 25% de su beneficio.
El cambio normativo establece un régimen transitorio durante 2022 por el que se puede acordar la disolución y liquidación de estas sociedades sin costes fiscales y diferir la tributación de las ganancias derivadas de la liquidación, siempre que los accionistas reinviertan la totalidad de su cuota de liquidación en otras instituciones de inversión colectiva (IIC) españolas.
En concreto, las sociedades tienen hasta el 31 de diciembre de 2022 para acordar su disolución y hasta el 30 de junio de 2023 para realizar los actos y negocios jurídicos necesarios para liquidar la sociedad hasta su cancelación registral, pudiendo prorrgar hasta el 31 de julio de 2023 la reinversión de las cuotas si se acogen al régimen transitorio.
En su comparecencia, Buenaventura ha señalado que “lógicamente, las sicav, que acumulaban más de 28.000 millones de patrimonio, han experimentado un declive neto tras la reforma de su régimen fiscal, habiendo declarado el 75% de las mismas que se liquidará”.
Preguntado por el diputado del Grupo Parlamentario Plural, Ferrán Bel, sobre la reubicación de los fondos de las sicav, Buenaventura ha manifestado su esperanza de que se queden en España, convirtiéndose en instituciones de inversión colectiva y gestionadas por firmas españolas, una situación que sería “buena” para el sector.
Sin embargo, ha indicado que no se tendrá tendrá información individual sobre las reubicaciones, ya que hay “ciertas limitacions” para informar de la nueva ubicación de esos fondos, al estar mezclados con las entradas y salidas del resto de IIC.
Por otro lado, ha valorado de forma positiva las cifras de inversión colectiva. Tras el parón registrado en 2020, en 2021 se registró un crecimiento del 16%, alcanzando un patrimonio gestionado de 324.000 millones de euros, unas suscripciones netas de 27.200 millones y 1.452 fondos registrados.
VALORACIONES BURSÁRTILES EN “ZONAS MUY BAJAS”
Con respecto a la volatilidad actual de los mercados, ha señalado que estos han ido incorporando los “riesgos e incertidumbres” ligados a la elevada inflación, al tensionamiento de las políticas monetarias y a las dudas sobre el crecimiento económico, lo que ha llevado a recortes “relevantes” en los precios, tanto de la renta variable como de la renta fija en las últimas semanas.
“Sin embargo, también debemos recordar que las valoraciones bursátiles están en zonas muy bajas, y que los tipos, aún al alza, no han alcanzado valores absolutos preocupantes o insostenibles. Por tanto, existen también oportunidades en un contexto de mercado tan convulso”, ha sostenido Buenaventura.
Igualmente, tras valorar positivamente los volúmenes captados por las empresas en 2021, ha insistido en que el grado de desarrollo del mercado primario de valores, en concreto, las salidas a Bolsa o el mercado alternativo de empresas españolas, “sigue siendo, por decirlo en términos escolares, lo que vendría a ser un ‘necesita mejorar'”.
“Necesitamos que más empresas confíen en la Bolsa como mecanismo para financiarse, crecer, fortalecer su balance e internacionalizarse. Ello depende en parte de la regulación, pero también de la fiscalidad, de la cultura empresarial o de la llegada de nuevos inversores al mercado”, ha trasladado el presidente de la CNMV a los presentes en la comisión.
Preguntado por los diputados sobre esta cuestión, Buenaventura ha señalado las empresas no cotizadas deberían realizar informes sobre temas de sostenibilidad y transparencia, tal y como se aplica a las empresas que sí están cotizadas. “Si exigimos a las compañías cotizadas informes que no exigimos a compañías no cotizadas y que son de igual tamaño ponemos trabas”, un requisito que ha pedido que se imponga tanto en la legislación española como europea.
También ha llamado a corregir la “asimetría” fiscal entre captar deuda y captar recursos propios, algo que se quiere atajar con la propuesta Debra (Debt-Equity Bias Reduction Allowance) de la Comisión Europea, al tiempo que ha insistido en reducir y simplificar trámites, y reducir los costes ligados al hecho de cotizar, tanto los regulatorios como las tasas.
En este sentido, ha afirmado que la CNMV ha presentado al Gobierno una propuesta para reducir las tasas contempladas en la ley de tasa de la CNMV de 2014 con el objetivo de reducir el excedente –que se reintegra en el Tesoro Público–, adecuar las tasas a las figuras y entidades de mercado que existen en la actualidad, ya que “hay participantes que no existían entonces”, y hacer un “ajuste especialmente fino” en aquellas tasas que puedan comprometer el atractivo del mercado.
PROHIBICIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CFDS ENTRE MINORISTAS
En su comparecencia, Buenaventura ha destacado una tendencia “relevante”, que es la comercialización a inversores minoristas de productos derivados liquidables por diferencias, conocidos como CFDs, sobre todo desde entidades chipriotas.
Al respecto, ha recordado la obligación del supervisor del país de origen de la entidad en controlar esta actividad, si bien ha señalado que la CNMV ha hecho un “esfuerzo especial” para detectar casos de “comercialización agresiva” de estos productos, que ha puesto en conocimiento del supervisor de origen y que ha supuesto la interrupción de la actividad de siete entidades de este tipo en 2021.
Además, ha pedido reformar la normativa europea MiFID para reforzar la supervisión en los países de origen y la información a los de destino, y ha trasladado el propósito de la CNMV de hacer una consulta pública sobre la posibilidad de restringir o prohibir en España, por parte de entidades españolas o comunitarias, la comercialización a minoristas de CFDs, en línea de lo que ya se ha hecho en Bélgica o Francia.