BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
España fue el cuarto estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales entre 2017 y 2021 y se ubica por detrás Polonia, Rumanía e Italia y con el 10,7% de los casos a nivel comunitario, según el informe anual publicado por la Oficina Antifraude Europea (OLAF).
La agencia detectó 3.178 irregularidades en España relacionadas con la gestión de los fondos de Desarrollo Rural y de la Política Agrícola Común (PAC) entre los años 2017 y 2021, con un impacto sobre el 0,98% de los fondos recibidos, aunque solo se concluyeron ocho investigaciones, un número relativamente bajo.
España es cuarta en este apartado muy por detrás de Polonia y Rumanía, donde se hallaron 4.039 y 3.738 fraudes, respectivamente seguidos de Italia con 3.369 casos. En el lado opuesto se encuentran Luxemburgo, 3 irregularidades, Chipre, 46, y Malta con 56.
La cifra contrasta con los datos del periodo comprendido entre 2015 y 2019, cuando la agencia detectó 11.029 irregularidades en España relacionadas con la gestión, en este caso, de los fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC), con un impacto sobre el 2,7% de los fondos recibidos, aunque solo se concluyeron cuatro investigaciones.
RECOMIENDA QUE SE RECUPEREN MÁS DE 500 MILLONES DEL PRESUPUESTO UE 2021
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha recomendado este miércoles que se recuperen más de 500 millones de euros del presupuesto europeo de 2021 y que se impulse la prevención contra el fraude de los fondos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En su estudio, la OLAF ha subrayado que se podrían recuperar 527,4 millones de euros del presupuesto europeo, tras concluir 212 investigaciones abiertas y elaborar casi 300 recomendaciones para las autoridades nacionales y europeas más relevantes.
El informe de la OLAF también ha evidenciado, en relación con las investigaciones emprendidas, que tienen efectos perjudiciales para el medio ambiente, como un proyecto de reforestación que nunca se llegó a ejecutar o una tubería colapsada para agua potable, así como otros fraudes en el ámbito aduanero y de contrabando de residuos.
En este sentido, el informe destaca la desarticulación en España de la organización mas activa en la importación y tratamiento ilegal de gases fluorados, la mayor operación a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero, que ha intervenido más de 27.000 kilogramos de gases fluorados y descubierto más de 180.000.
“La seguridad y la salud humana, y el medio ambiente están incrementado los daños colaterales de los esquemas del fraude”, ha señalado el director general de la OLAF, Ville Itälä, que ha subrayado que estos segmentos aumentan su relevancia por los fondos destinados a la transición verde.
El estudio desvela que los estafadores siguen obteniendo rédito de la pandemia y se han vuelto más sofisticados ya que, el fenómeno más preocupante es la infiltración de grupos criminales organizados en irregularidades administrativas, como doble financiación, conflicto de intereses o manipulación de ofertas.
Dado que el 37% de los fondos de Recuperación y Resiliencia se destinarán a la transición verde, la OLAF ha detectado que los estafadores se focalizaron en proyectos ecológicos así como digitales, otro de los pilares de los fondos Next Generation EU. Entre los ejemplos se incluyen proyectos software, de pesticidas alternativos, bosques o aviones más sostenibles.
Además, la OLAF ha alertado sobre irregularidades vinculadas a las vacunas del COVID. En este marco, los estafadores se hacían pasar por intermediarios y pedían a las autoridades realizar pagos para asegurarse la llegada de vacunas, para después desaparecer con el dinero. Estos intentos de estafa representaron casi 1.200 millones de dosis de vacunas por valor de 16.400 millones de euros, si bien la intervención de la OLAF ayudó a evitarla.
También en lo que respecta al tabaco, la OLAF ha ahorrado con sus intervenciones 90 millones de euros a los Estados miembro después de que, junto con otras autoridades colaboradoras, evitaron que 437 millones de cigarrillos ilegales entraran al mercado comunitario. Además la institución ayudó a las autoridades nacionales a confiscar 372 millones de toneladas de tabaco crudo.