MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este jueves que el decreto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania ya contempla más ayudas para las rentas más bajas, como el IMV o el bono térmico, y que las clases medias, “que proporcionalmente pagan más impuestos”, también merecen beneficiarse de la reducción de impuestos a la luz o la bonificación al combustible.
Así ha respondido la ministra al ser preguntada por si la prórroga del decreto hasta septiembre modulará algunas de las ayudas en función de la renta, como ayer demandó el ministro de Consumo, Alberto Garzón. En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Montero recordó que el decreto tiene dos paquetes básicos, uno dirigido al tejido productivo, y otro con medidas más enfocadas a las familias en general, como la bajada del IVA a la electricidad o la bonificación del combustible.
Además, apuntó que hay un tercer paquete de protección a las personas vulnerables, que contempla una “atención especial” a las familias con menos renta.
Por ello, afirmó que “parece conveniente” que la clase media de la sociedad, que es la que “proporcionalmente más impuestos paga”, también se beneficie de la bajada de la fiscalidad a la electricidad y de la bonificación de 20 céntimos en el precio del combustible.
La titular de Hacienda afirmó que los indicadores económicos aconsejan mantener las medidas contempladas en el decreto, que concluían el 30 de junio, y añadió que se mantendrán “mientras que la situación perdure”.
APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA CON ERC Y PP
Montero confió en que el “diálogo” y la “capacidad de acordar” del Gobierno permita la aprobación de la prórroga del decreto en el Congreso, y señaló que espera que esta vez sí lo apoye ERC y que el PP se pueda sumar a esta iniciativa, ya que “nunca” ha votado a favor de la rebaja fiscal en los precios de la electricidad, pese a que es una medida que piden reiteradamente. “Ojalá cuente con la unanimidad de la Cámara”, deseó.
Por último, volvió a reiterar que las pensiones públicas subirán de acuerdo con el IPC, pese a las reticencias del Banco de España, y sobre el salario de los funcionarios, abogó por acordar con los agentes sociales una subida salarial “con racionalidad”, que evite profundizar en la inflación o que genere efectos de segunda ronda.