Responde a Díaz que él ha demostrado ya su “empatía” con la firma de más de 15 acuerdos y critica el “intervencionismo” en el alquiler
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado este miércoles que la prohibición de los despidos objetivos en las empresas que reciban ayudas públicas incluida en el plan de respuesta a la guerra aprobado por el Gobierno implica “meter la tijera” y “cambiar las reglas del juego” de la reforma laboral acordada con los agentes sociales.
Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que, aunque es verdad que durante la pandemia se prohibió despedir por causas relacionadas con la crisis sanitaria, en la reforma laboral se ha establecido que si un trabajador en ERTE es despedido, el empresario tiene que devolver la exoneración de cuotas recibida por ese trabajador.
“No tiene mucho sentido que si acabamos de aprobar una reforma laboral, a la primera de cambio se le esté metiendo la tijera (…) Se ha cambiado la fórmula”, ha denunciado el líder de la CEOE.
Según el Real Decreto-ley que contiene el plan de respuesta a la guerra y que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas contempladas en el plan el aumento de los costes energéticos “no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022”, debiendo reintegrar la ayuda recibida si incumple esta obligación.
Asimismo, la norma establece que las empresas que se acojan a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos (ERTE) “por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos”.
Garamendi ha querido dejar claro que “ningún empresario quiere despedir”, pero ha advertido de que las empresas están “absolutamente agobiadas”, especialmente las pymes, “y a veces hay que despedir, porque si no, lo que cierra es la empresa”, ha apuntado.
El presidente de la CEOE ha respondido también a las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ayer, ante las críticas del empresario a la prohibición del despido, le pidió que tuviera “empatía social”.
Garamendi le ha replicado que él tiene empatía y que lo ha demostrado “plenamente” con la firma de más de 15 acuerdos en los últimos dos años, entre ellos los relacionados con la dependencia, los ERTE o la propia reforma laboral.
“Lo que no podemos compartir es el intervencionismo cuando hay una ley pactada y negociada hace muy pocos días”, ha insistido el líder empresarial en referencia nuevamente a la reforma laboral.
Garamendi tampoco comparte la limitación al 2% en la actualización de los contratos de los alquileres porque, a su juicio, supone también un “intervencionismo” por parte del Gobierno, en este caso en la propiedad privada.
“Con respecto a los alquileres, la gente siempre está pensando en grandes multinacionales y la verdad es que la gente que alquila un piso es muchas veces una viuda o un jubilado que ha ahorrado en su vida y complementa así su pensión. Se está tocando directamente la libertad de mercado”, ha criticado.
HAY MARGEN PARA REDUCIR IMPUESTOS Y ELIMINAR ORGANISMOS
El dirigente de la CEOE ha asegurado que, en todo caso, en CEOE se va a estudiar “concienzudamente” el decreto publicado en el BOE que contiene las medidas del Gobierno para responder al impacto económico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Garamendi cree que el Gobierno sí “podría haber hablado de una bajada de impuestos” porque, en su opinión, hay margen para ello en el ámbito energético, y lamenta que el Estado no haya hecho “un análisis de eficiencia” para “no entrar en más déficit público”.
En este sentido, ha defendido que “hay gestiones y organismos que se solapan” y que se podría hacer algo para que el Estado sea más eficiente. De hecho, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que hay un margen de hasta 60.000 millones de euros para ajustar esta situación y evitar todos estos “solapamientos”.
“No estoy hablando de educación y sanidad, sino del Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con gestiones y organismos que se solapan. Se podría afinar aquí para que el Estado fuera más eficiente”, ha subrayado.