Defiende los límites a las exoneraciones en la reforma concursal en un posible “efecto llamada” y en el riesgo de “competencia desleal”
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tiene actualmente unos 5.000 millones de euros paralizados en procedimientos concursales y ha concedido en los últimos dos años unos 12.500 millones de euros en aplazamientos.
Así lo ha manifestado el director de su Departamento de Recaudación, Guillermo Barros, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, a la que ha acudido a intervenir dentro de la ronda de comparecencias que celebra la Cámara con motivo de la tramitación de la reforma concursal.
Este proyecto contempla un límite a las exoneraciones de créditos públicos de hasta 1.000 euros, un margen que la oposición e incluso Unidas Podemos, socio en el Gobierno, ha puesto en cuestión, por considerar en este caso que supone un “café para todos” que no atiende a las particularidades de cada caso.
Consciente de esto, ha subrayado que el objetivo fundamental de la reforma es aumentar la eficacia de los procedimientos de reestructuración, anticipando situaciones de inviabilidad, ya que “el paso del tiempo se traduce normalmente en la pérdida de valor del deudor o empresa” y en España los plazos de estos procedimientos son “excesivamente largos”.
ALERTA TEMPRANA, FRACCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN
Por ello, ha puesto en valor el futuro sistema de alerta temprana para anticipar problemas de solvencia y viabilidad –se prevé su desarrollo normativo posterior a la reforma– con información de la AEAT y la Seguridad Social, pero también la existencia de un sistema de aplazamiento ya vigente, que habilita a fraccionamientos ante situaciones transitorias de dificultad económica-financiera.
En los últimos dos años, ha subrayado, la AEAT ha concedido 12.500 millones de euros en aplazamientos a empresas y autónomos de un total de 4,2 millones de euros solicitudes autorizadas.
El directivo de la Agencia Tributaria ha remarcado que el acreedor público “no está exento de los sacrificios” en un proceso concursal, señalando que hay “en torno a 5.000 millones de euros paralizados por situaciones concursales” y que, aunque hay preferencia para cobrar, no hay garantía de este cobro.
PIDE NO ALIMENTAR UN “MANTRA” SOBRE UNA REGULACIÓN “DAÑINA”
Pese a las críticas de la oposición, Barros considera que las medidas planteadas en la reforma suponen un “gran avance” pues, además de los aplazamientos, medida “más inmediata” que pueden necesitar una empresa en problemas, se incluyen los créditos públicos en los planes de reestructuración.
Asimismo, ha explicado que hay otros países europeos que, a la hora de trasponer esta directiva, no han admitido este tipo de deudas dentro de sus exoneraciones, como Portugal. Otros, como Italia, no admiten la relacionada con el IVA.
“No estamos haciendo ningún disparate”, ha insistido, recordando que el crédito privilegiado en una deuda tributaria es del 50%, cuando en Reino Unido lo es al 100%, en Países Bajos abarca todo impuesto sobre Sociedades, IRPF e IVA. “No alimentaría el mantra de que es dañina la regulación del crédito público”, ha pedido a los parlamentarios.
COMPETENCIA DESLEAL Y POSIBLE EFECTO LLAMADA
En este sentido, ha defendido que cualquier exención, condonación y rebaja “debe ser absolutamente excepcional” y ha aludido a posibles problemas de “competencia desleal donde pierden empresarios que cumplen” y de un “efecto llamada”.
“Queremos que la sociedad sea justa y, por tanto, si mandamos un mensaje de exoneración completa de cualquier responsabilidad vamos a abocarnos al fracaso y contribuiremos a un efecto llamada innecesario sobre conductas que deben ser prescritas”, ha argumentado.