MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), con 15.079 asociaciones y más de 5,7 millones de afiliados para la defensa de los derechos de las personas mayores, se ha mostrado “muy satisfecha” ante el acuerdo que este miércoles han alcanzado los grupos parlamentarios del Senado para dar un plazo de tres meses al Gobierno para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores.
Este acuerdo ha quedado recogido en una enmienda transaccional que modifica el proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
El texto de dicha enmienda, a la que tuvo acceso Europa Press, establece que el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por brecha digital.
Desde hace meses, la PMP viene manteniendo diferentes encuentros con representantes políticos, entre ellos del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Popular, a los que ha trasladado sus “denuncias sobre la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores y las personas con discapacidad mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se viene produciendo desde hace años”.
También han celebrado que el Senado haya aprobado por unanimidad una moción que insta al Gobierno a “impulsar el humanismo en la prestación de servicios financieros” ante la reducción del número de oficinas bancarias.
La PMP considera que es un “avance” pero dice que continuarán reuniéndose con representantes políticos e instituciones para que estas medidas se hagan realidad “lo antes posible” y sean evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para su real efectividad.
“No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que se requieren actuaciones concretas reguladas a través de ese nuevo marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma”, subrayan.