MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que el 67% de los 96.400 empleos creados por la Administración pública a lo largo de 2021 son de carácter temporal, según se muestra en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves.
“La EPA muestra que en el último año se realizaron 64.700 contratos temporales, fundamentalmente en las comunidades autónomas, de las que dependen ámbitos como la educación o la sanidad”, han señalado desde CSIF, quienes también han destacado que en la actualidad hay 1.076.299 trabajadores de la Administración en situación de temporalidad, lo que supone una tasa del 30,9%, 11,6 puntos por encima del sector privado.
Asimismo, desde CSIF han incidido en que el 70% de estos contratos temporales corresponden a mujeres, lo que pone también en evidencia que la precariedad se ceba especialmente con este colectivo. “Esta precaridad se da en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al Covid”, han lamentado desde CSIF.
“Las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario y continúen abusando de la contratación temporal. No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica”, han denunciado desde CSIF, quienes han pedido el desarrollo de de la Ley 20/2021 para estabilizar el empleo en todas las administraciones.
Para CSIF, estos procesos “deben ofrecer seguridad jurídica y garantizar el principio de equidad para evitar que se produzcan situaciones lesivas para los aspirantes”. Además ha pedido “agilizar las convocatorias para que proceso de estabilización en las Administraciones Públicas acabe con la desorbitada temporalidad en el sector público y ésta no supere la cifra máxima del 8%”.
Por último, han lamentado que las comunidades autónomas esten convocando procesos selectivos en sanidad y educación sin esperar al desarrollo de la Ley, por lo que no se aplicarán los nuevos criterios de estabilización.