MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, visitará el próximo viernes la provincia de Barcelona y participará en una asamblea con 200 delegados sindicales para dialogar con ellos sobre la reforma laboral.
Además, la ministra de Trabajo visitará la fábrica de Seat en la localidad de Martorell, donde será recibida y mantendrá un encuentro con el presidente de la empresa, Wayne Griffiths.
Según han explicado desde su equipo, habrá a su vez sendos encuentros con el equipo de Recursos Humanos de la compañía, donde se abordará también la reforma laboral, y con el comité de intercentros de Seat.
Por la tarde tendrá lugar esa gran asamblea con representantes sindicales de diversos sectores productivos, desde el comercio hasta la hostelería y la restauración, para comentar el nuevo marco laboral aprobado por el Consejo de Ministros, después del acuerdo entre el Ejecutivo, sindicatos y la patronal.
Un evento que adquiere simbolismo una vez que Díaz ya ha iniciado contactos con socios parlamentarios de cara a lograr apoyos para la convalidación de la nueva reforma laboral.
El pasado jueves mantuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, aprovechando su estancia en Madrid para participar en un acto, como detalló el propio dirigente de ERC.
Sobre la posición de los republicanos, Aragonés avisó de que están lejos del acuerdo y que el proyecto actual no hacia referencia a cuestiones clave para su grupo, como a la indemnización por despido.
Unidas Podemos y la propia Díaz centran sus negociaciones en lograr convencer a formaciones del bloque de investidura para conseguir el aval del Congreso a la reforma.
Del lado socialista, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, advirtió el pasado martes que “votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la reforma de 2012” del PP, que fue una reforma “brutal” contra los trabajadores.
También dijo que “le cuesta creer que formaciones políticas progresistas” y partidos con “sentido de Estado, sentido de la responsabilidad y sentido común” vayan a oponerse a una norma que es buena para trabajadores y empresas, pactada además entre sindicatos y empresarios.